El CSIF critica al Gobierno andaluz por marginarles y abrir puentes de diálogo con UGT y CCOO
El plan andaluz de reequilibrio financiero, que recoge un recorte de
2.700 millones al presupuesto del 2012, es una cuerda fuertemente
tensada. La Junta tira de un extremo y del otro los sindicatos de
funcionarios, reacios a que una parte importante del recorte (777
millones) caiga sobre sus nóminas. Una semana después de que el
vicepresidente Diego Valderas anunciara el aplazamiento del plan de
ajuste para reconducir la negociación con los sindicatos, no ha habido
ningún acercamiento y la cuerda sigue tensada. Más aún si se tiene en
cuenta una segunda lectura: CSIF, el de mayor peso entre los
funcionarios de la administración de la Junta, acusa al Gobierno de
abrir puentes de diálogo con UGT y CCOO, mientras ellos son
discriminados. Este esquema, dicen, reproduce la fallida estrategia que
utilizó la Junta para refrendar la reforma del sector público. "Están
haciendo lo mismo y el resultado será idéntico", decía ayer el
presidente de CSIF, José Luis Heredia. La advertencia no es baladí: la
reordenación del sector público inspiró masivas protestas de
funcionarios en la calle y actos de boicot contra el Ejecutivo.
MESA
DE FUNCION PUBLICA Pese al anuncio de Valderas, la Consejería de
Hacienda no ha convocado a los sindicatos a la mesa general de función
pública ni esta semana ni la siguiente. Las organizaciones se quejan de
que algunos miembros de la Junta estén hablando de diálogo y de
consenso, e incluso hayan propuesto alternativas al recorte salarial sin
que, por el momento se haya puesto sobre la mesa una propuesta formal.
Diego Valderas, por ejemplo, ya ha dicho que los funcionarios que
cobran mil euros deberían quedar exentos del recorte del 5% en la
nómina, que afectará a todos los empleados públicos. Esta es una
sugerencia que UGT ha presentado por escrito, y que CCOO y CSIF
suscriben. Izquierda Unida calcula que entre un 20% y un 25% de una
plantilla de casi 300.000 trabajadores cobra menos de mil euros. Los
sindicatos creen que es un porcentaje muy inferior. CSIF va más allá y
exige eliminar altos cargos, reducir el sueldo a los asesores y
directores generales y acabar con las subvenciones a sindicatos,
patronal y partidos en vez de rebajar las nóminas.
Todos insisten
en que, a pesar de las dos reuniones entre Hacienda y los sindicatos,
hasta ahora no ha habido propiamente negociación. El sindicato de
enfermeros Satse también acusó a la Junta de "mentir" al asegurar que se
está "renegociando" la bajada salarial. "No es negociación cuando te
llaman para informarte de que esto es lo que hay, viene impuesto desde
arriba y no lo podemos cambiar", se queja Antonio Tirado, de UGT.
La versión de la Junta está en las antípodas de la que ofrecen los
sindicatos. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, negó ayer que
aún no estén en marcha las negociaciones y dijo que están abiertas desde
que la Junta anunció los recortes, subrayando que no se ha aprobado aún
el plan para ganar tiempo para dialogar.
PUNTO DE
CONSENSO La número dos del Gobierno andaluz defendió que existe
"intensidad y fluidez" en las conversaciones con los sindicatos y
aseguró que en la Junta están a la espera de "las alternativas" de los
representantes de los trabajadores. El principal objetivo, subrayó, es
llegar a un "punto de consenso" con ellos.
El margen para la
negociación se sitúa en el 15 de junio, día que está previsto que se
aprueben los Presupuestos Generales del Estado que marcarán los recortes
en las regiones. Según dijo Díaz, el Gobierno aprobaría en torno a esa
fecha sus ajustes como un decreto-ley, con lo que entraría en vigor de
forma inmediata. El efecto directo será en la paga extra de junio de los
trabajadores públicos. Sin embargo, después lo convalidaría en el
Parlamento y lo tramitaría como un proyecto de ley, con lo que se
volvería a abrir la negociación y la posibilidad de corregir la norma
mediante alegaciones de los grupos parlamentarios.
IRPF del ejercicio pasado.